Cultural heritage, urban centrality and “city model”

René Coulomb

Recibido: 30 de abril de 2020 | Aceptado: 05 de octubre de 2021 | Publicado: 31 de octubre de 2021

CC BY-NC-ND

“¿Acaso no es tiempo ya de admitir, sin más sentimientos, la desaparición de la ciudad tradicional, y de interrogarnos sobre lo que la sustituyó, es decir, sobre la naturaleza de la urbanización y sobre la no-ciudad que parece haberse vuelto el destino de las sociedades occidentales avanzadas?”¹

Resumen

Con algunas excepciones, los instrumentos de planeación urbana no incorporan una visión conjunta de cómo se inscribe la problemática del patrimonio cultural urbano en los objetivos, estrategias y proyectos de ordenamiento territorial de la ciudad. Nos preguntamos si tal marginación del patrimonio en la planificación tiene que establecerse en relación con los procesos de deterioro, progresivo abandono y destrucción del patrimonio edificado. Nuestro objetivo es reflexionar sobre el papel del patrimonio urbano en el reordenamiento de la ciudad, mediado por su función simbólica, la cuestión de la(s) centralidad(es) y la estructuración socioespacial. La hipótesis plantea que, en este proceso de deconstrucción del patrimonio, está en juego la centralidad urbana, entendida tanto como un espacio físico (el “centro”), es decir, como una relación socioespacial. La metodología parte de la revisión literaria de dos modelos urbanísticos: “progresista” y “culturalista” de Françoise Choay, además de la reflexión del paradigma de la sustentabilidad contenida en uno de los modelos, creando un constructo reflexivo que incurre en la preocupación del policentrismo de la Ciudad de México. Los resultados recaen íntegramente en una reflexión que conjunta temas que impactan en el crecimiento de la ciudad, como la gobernabilidad de centros históricos, junto con la acción política del nuevo “urbanismo”. Queda a discusión el hecho de que la ciudad no deba crecer espacialmente, en contraposición con la imposibilidad de contener el crecimiento de la demanda habitacional, así como la idea que cuestiona si el urbanismo “sustentable” no constituye en realidad una actualización del “modelo culturalista” de Choay, o si estamos frente a un nuevo paradigma de cómo repensar hoy la ciudad.

Palabras clave: Patrimonio cultural, centralidad urbana, modelo de ciudad.

Abstract

With some exceptions, the urban planning instruments doesn´t incorporate a joint vision about how urban cultural heritage problems are enrolled into the objectives, strategies and city planning projects. We wonder if that heritage marginalization in urban planning doesn´t have to be related to deterioration processes, progressive abandonment and built heritage destruction. Our aim is to reflex on urban heritage roll in the reorganization of the city, mediated by its symbolic function to the question of centrality s) and sociospatial structuring. The hypothesis sets out that, in the process of deconstruction of heritage, urban centrality is at stake, understood as well as a physical space (the “center”), as well a socio spatial relationship. The methodology starts from the literature review of two urban models: “progressive” and “culturalist” by Françoise Choay, furthermore the reflection of the paradigm of sustainability contained into one of the models, creating a reflective construct that commits around the concern of Mexico City´s polycentricity. The results fall entirely on a reflection that combines issues that impact in the growth of the city, such as the historic centers governance with the political action of the new “urbanism”. It is up for discussion that the city shouldn´t grow spatially, in contrast, with the impossibility of holding back the growth of housing demand and whether “sustainable” urban planning doesn´t actually constitute an update of Choay´s “culturalist model” or if, we are facing a new paradigm of how to rethink the city today.

Keywords: Cultural heritage, urban centrality, city model.

Introducción

Con muy honrosas excepciones, los instrumentos de planeación urbana no incorporan una visión de conjunto de cómo se inscribe la problemática del patrimonio cultural urbano dentro de los objetivos, estrategias y proyectos del ordenamiento territorial de la ciudad. Podría pensarse que ello no representa carencia alguna, puesto que la gestión del patrimonio cultural suele estar inscrita dentro de marcos regulatorios sectorizados en ámbitos institucionales que se consideran muy alejados de las problemáticas “urbanas”. La atención que merecen, en la Ciudad de México, algunas zonas patrimoniales –muchas veces gracias a su ocupación por sectores socio económicamente favorecidos (Coyoacán, San Angel, junto con el llamado “Centro Histórico”)–, no significa que se tenga una visión que integre el patrimonio cultural a la planeación integral del desarrollo de la ciudad (como tampoco lo hace el consabido listado de monumentos que suele figurar en anexos de los documentos de planeación del desarrollo urbano de colonias o alcaldías).

Podemos, sin embargo, preguntarnos si esta marginación del patrimonio cultural dentro de la tarea planificadora no tiene que establecerse en relación con la consabida denuncia de los procesos de deterioro, progresivo abandono y hasta destrucción del patrimonio cultural de la ciudad, en particular de su patrimonio histórico edificado. En este sentido, es de llamar la atención que la “pérdida” progresiva del patrimonio cultural urbano parece ir a la par del futuro incierto que se cierne sobre no pocas centralidades históricas. De ser así, el análisis del papel del patrimonio cultural urbano dentro del ordenamiento territorial de la ciudad refiere entonces, mediado por su función simbólica, a la cuestión de la(s) centralidad(es) y de la estructuración socio-espacial de la urbe.

La hipótesis que anima nuestras reflexiones refiere al hecho de que, desde nuestra observación, en el corazón de este proceso de desconstrucción del patrimonio cultural urbano está en juego la centralidad urbana, entendida ésta no solamente como un espacio físico (el “centro”), sino como una relación socio-espacial de los habitantes de la metrópoli: primero entre ellos mismos (las centralidades como espacios de encuentro pluriclasista y pluricultural), y de ellos con la ciudad, que es por antonomasia, el espacio donde se construye la ciudadanía.

1.Limitaciones de los modelos urbanísticos

Hace cincuenta años, Françoise Choay publicaba una antología de las ideas en materia de “urbanismo”, cuyo origen terminológico sitúa en 1910, y que definía como “ciencia y teoría del establecimiento (asentamiento) humano” (Choay, 1965: 8). Al analizar el pensamiento de distintos autores, a partir del principio del siglo XIX, la autora distinguía dos grandes modelos: el “modelo progresista” y el “modelo culturalista” (id., p. 15 y ss.).²

El “modelo progresista” surge del proceso de industrialización. Se trata de un paradigma funcionalista que se estructura a partir de los principios de orden espacial, de racionalidad asegurada por la homogeneización y la estandarización de las soluciones urbanas propuestas, así como desde el ordenamiento de las distintas funciones urbanas mediante la técnica del zoning, en apoyo a la productividad y la rentabilidad de la estructura urbana, en el marco de un “autoritarismo político de facto”. Se trata de un urbanismo que plantea una estructura espacial abierta, expansiva, difusa y fragmentada en “unidades” atomizadas y dispersas, que implica el dominio del automóvil y la desaparición del uso peatonal de las calles; como en el caso de la “unidad de habitación”, de Le Corbusier, realizada por primera vez en la ciudad de Marsella (la “Cité Radieuse”).

A este modelo, que incorpora una estética austera y abandona explícitamente la herencia artística de la ciudad histórica, Choay contrapone el “modelo culturalista”. Se trata de un modelo de urbanismo cargado de nostalgia, y que denuncia la destrucción de la unidad orgánica que caracterizaba a la antigua ciudad. El paradigma del “urbanismo culturalista” se fundamenta en una fuerte valoración de la cultura. Sus principios ideológicos son la diversidad, la asimetría y la heterogeneidad, contraria a toda estandarización de las formas urbanas. Se trata de un urbanismo que promueve una ciudad claramente circunscrita con respecto a su entorno rural; una ciudad “compacta” se diría hoy. Un urbanismo de proximidad, en donde las calles y las plazas constituyen órganos fundamentales para el fomento y la intensificación de las relaciones interpersonales y la socialización.

“Urbanismo progresista” y “urbanismo culturalista”, propuestos por Françoise Choay, constituyen dos modelos ideales de tipo “weberiano” que no se presentan, claro está, en el proceso histórico de urbanización de una forma completamente contrastada. Françoise Choay expresa una muy fuerte crítica en relación a ambos paradigmas pues estima, con razón, que constituyen una concepción del urbanismo que, en vez de pensar a la ciudad como un proceso y un problema, la analizan como un objeto, convirtiéndolo en un modelo utópico acabado, congelado en el tiempo y eventualmente (re)producible. Para ella, en realidad los modelos o los tipos ideales de aglomeraciones urbanas expresan las “proyecciones racionalizadas de imaginarios colectivos e individuales”³. La crítica se hace todavía más aguda cuando la autora considera que “la idea misma de un urbanismo científico es uno de los mitos de la sociedad industrial”⁴.

2.El paradigma de la “sustentabilidad” … sin herramientas

Pero más allá de las construcciones racionalizantes de las escuelas urbanísticas, es innegable también que se está dando un amplio debate en torno al proceso de urbanización y a sus evidentes fracasos en términos de sustentabilidad medioambiental, económica, social y de “gobernanza”. A un urbanismo megalomaníaco, tecnocrático y autoritario, que está al servicio de la generación y la acumulación de plusvalías por parte del capitalismo inmobiliario y financiero, busca confrontarse un “nuevo” urbanismo cuyos principios y valores parecen querer retomar parte del “modelo culturalista” analizado por Françoise Choay, y que pudiera resumirse bajo el paradigma de la sostenibilidad.

Este nuevo paradigma de la ciudad “sustentable” o “sostenible” pareciera descansar sobre un conjunto de principios contrapuestos a los del “urbanismo progresista”; opone: 1) a la dispersión, la densidad; 2) al uso dominante del automotor, un sistema mixto de transporte que privilegia la movilidad no motorizada (caminata, bicicleta); 3) a la zonificación de usos y funciones, la mezcla de los usos del suelo; 4) a la velocidad de los desplazamientos, la movilidad de la proximidad; 5) a los espacios públicos dominados por el automóvil, la revalorización de espacios públicos de calidad en beneficio de los peatones.

Este “nuevo” urbanismo plantea poner un freno, no tanto al crecimiento en sí de la ciudad (a nivel de su crecimiento poblacional o económico) sino en cuanto a su crecimiento espacial. La ciudad no debe crecer espacialmente hablando. Sin embargo, esta voluntad de contener el crecimiento espacial de la ciudad de México entra en tensión con la imposibilidad de contener el crecimiento de la demanda habitacional, en buena parte derivada de la transición demográfica de México. La “solución” propuesta es la densificación de áreas de la Ciudad Central que vieron disminuir su función habitacional, o su periferia inmediata. Sin embargo, no se tiene una política pública que hiciese accesibles los terrenos disponibles dentro del área urbanizada para las mayorías de ingresos bajos. Tampoco se dispone de una forma alternativa de producción habitacional que no sea la “autoconstrucción” de las lejanas y excéntricas periferias autoproducidas.

Por otra parte, la propuesta de contención de la expansión físico espacial de la ciudad, genera una escasez creciente de suelo urbano, que afecta a una proporción mucho más importante de la población que la de los asentamientos en suelo de conservación sujetos a desalojos o reacomodos. Toda la producción habitacional en la ciudad está en crisis, en parte por esta escasez de suelo. El mayor hacinamiento de la población, a través del cual se desahoga parcialmente esta crisis, es menos visible que los desalojos, pero no por ello es menos real. A pesar del consenso existente en torno a lo deseable de impulsar un proceso de recuperación de las áreas centrales deterioradas y de revalorización del capital social urbano que representan, la Ciudad de México –como la mayoría de las ciudades latinoamericanas– carece todavía de una política urbana que equilibre los procesos de expansión y de consolidación urbana. Las ciudades adoptan al unísono un “urbanismo de la sustentabilidad”, que tiene como imaginaria la ciudad compacta, y como eje de acción la densificación del área urbana existente. Sin embargo, este regreso centrípeto hacia la ciudad existente carece de estrategias y de instrumentos de acción que permitan ir avanzando en la rehabilitación de la función habitacional de las áreas centrales.

En la Ciudad de México, el “regreso al centro” no parece haber convencido a la mayoría de los sectores sociales más acomodados, los cuales encuentran en las urbanizaciones periféricas del poniente del área urbana no solamente condiciones medioambientales generalmente más favorables que en las áreas centrales, sino también una óptima segregación socio-espacial, estructurada en torno a “centros” y “plazas” comerciales de una centralidad alternativa, “segura” y excluyente, para sus intercambios mercantiles y culturales.

Los promotores privados de vivienda de interés social, acompañados del financiamiento de los organismos públicos de vivienda, por su parte, prefieren también desarrollar sus conjuntos habitacionales en las periferias urbanas por su facilidad de acceso a la tierra, sus precios del suelo más bajos, sus economías de escala, etc.

Para las mayorías empobrecidas, asimismo, las periferias siguen ofreciendo la posibilidad de acceder a la propiedad, la cual es fuente de seguridad frente a las coyunturas económicas inestables, mediante el acceso a terrenos con precios accesibles, y lotes más grandes que facilitan la autoproducción progresiva de la vivienda.

A pesar de sus evidentes limitaciones, el urbanismo de la sustentabilidad recorre en México la casi totalidad de los planes y programas de desarrollo urbano. Es así como la última propuesta de reformulación del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México establece como “escenario deseable”:

“una visión metropolitana cuyo eje rector sea la contención de la expansión física bajo los principios de la sustentabilidad económica, social y ambiental, la mezcla de usos del suelo y la presencia de diferentes estratos sociales, así como una corresponsable coordinación entre las autoridades que actúan en este amplio territorio” (POZMVM, 2012).

La forma urbana que correspondería a este neo-modelo “culturalista” sería la de una ciudad pluricéntrica. Abundan las referencias en este sentido. Para citar el documento más reciente a nivel nacional, el reporte de México para la Conferencia Habitat III de las Naciones Unidas, afirma que:

“México quiere crear ciudades policéntricas que cuenten con usos de suelo mixto. (..) El policentrismo de las ciudades debe reducir distancias, mejorar la accesibilidad y conectividad, ayudar en la logística y cadenas productivas, en fin, mejorar la dinámica urbana. Esto también permite evitar la saturación de las redes de transporte y distribuir de mejor manera los viajes. (..) Es por ello, que debemos impulsar que las ciudades del Sistema Urbano Nacional principal y complementario se basen en una estructura urbana densa, compacta, dinámica, policéntrica y equitativa que promueva usos mixtos, vivienda, equipamiento y espacio público de calidad. (pp. 85-86).

La estructura policéntrica constituiría la forma urbana de la sustentabilidad: “Este modelo va de la mano con las ciudades sustentables que queremos para nuestro país (id. p. 86); junto con otras dos características de la “ciudad que queremos”: la densidad y la heterogeneidad de usos del suelo.

No está claro, sin embargo, en qué sentido el policentrismo –de lograse realmente– significaría una estructura urbana deseable para la sustentabilidad del desarrollo urbano.⁵ En efecto, la generación de “nuevas centralidades” parece estar acompañando la formación de asentamientos periféricos cada vez más desvinculados del núcleo urbano original; una dinámica fuertemente apoyada por la expansión espacial del transporte público, y en mayor medida por la difusión del uso privado del automóvil. Dinámica que se ha exacerbado en la fase metropolitana del proceso de urbanización. Si es así, cabe preguntar en qué sentido el paradigma de la ciudad compacta es compatible con el de la ciudad policéntrica.

Puede discutirse si el urbanismo de la sustentabilidad no constituye en realidad una suerte de actualización del “modelo culturalista” de Françoise Choay o si, como algunos sugieren, estamos frente a un nuevo paradigma de cómo (re)pensar hoy la ciudad. Por una parte, es indudable que se trata de un modelo de ciudad que es portador de nuevos valores de una “cultura ambiental”, es decir de una nueva relación del hombre con la naturaleza, y hasta de un proyecto económico, social y cultural del de-crecimiento.

Por otra parte, esta propuesta urbanística no escapa a la crítica de seguir siendo un urbanismo dominado por los imaginarios (y los miedos), aunque se presente bajo la (pseudo) legitimidad de la cientificidad de los diagnósticos y de las propuestas. Un urbanismo que sigue adoleciendo de una visión arbitraria de las soluciones propuestas, a veces impuestas por una gestión urbana tecnocrática-autoritaria, aunque se asuma guiada por el interés público (y de la humanidad).

El “retorno” hacia los centros urbanos, y la estrategia multicitada de “ciudad compacta”, por parte de un nuevo urbanismo implicaría un cambio radical en las formas de producción de la ciudad y, en particular, del espacio habitado. Sin embargo, el proyecto de “centros habitados” parece poco factible de llevarse a cabo frente a la lógica de la especulación inmobiliaria que tiende a imponer los usos del suelo más rentables del comercio y de los servicios. Por otra parte, parece utópico pensar que una revalorización de los barrios de más antigua urbanización, mayormente habitados por una población de bajos ingresos, pueda llevarse a cabo de forma no excluyente, alentando así la expansión periférica de los procesos de urbanización popular. El regreso a la ciudad existente implicaría un cambio importante en las formas de producción de la ciudad, y en particular de la producción habitacional.

En este sentido, el diseño de un nuevo paradigma urbanístico, si bien parece hoy en día más que ineludible, no puede prescindir de la definición de estrategias y de instrumentos capaces de sostener un proyecto de ciudad alternativa (“Otra ciudad es posible”).

3.El derecho a la ciudad y a la centralidad

Al reflexionar sobre el mismo desafío de como pensar la ciudad deseable a la vez que realizable, Henri Lefebvre planteó que los modelos y “formas” urbanas que se necesitan no surgirán de una ciencia de las ciudades y de sus formas, sino de una suerte de “utopía experimental” (Lefebvre, 1978: 129), en donde conceptos y teorías deberían ser “propuestos a la práctica” (id. pág. 134). Lo que hoy se ha dado en llamar el “urbanismo táctico” podría ayudar a enfrentar el desafío de cómo avanzar en la apropiación colectiva de lo deseable y lo posible. Se trata de lo que podríamos denominar la “pedagogía del proyecto piloto”, o de la “prueba piloto”, si se quiere.

Probar, aunque sea a pequeña escala, o bien en un lapso corto de tiempo, para comprobar lo posible y evaluar lo deseable. En el caso, por ejemplo, de la peatonalización de una calle, esta pedagogía ha mostrado poder generar la adhesión de diferentes actores inicialmente opuestos al cambio. La flexibilidad y la progresividad son importantes características de las utopías posibles; además de una gestión democrática.

En esta búsqueda de un modelo alternativo de ciudad, está emergiendo una nueva forma de concebir al urbanismo: en vez de construirse sobre la base de la elaboración de un modelo de ciudad a imitar y reproducir, se está reivindicando un principio ético y político denominado “derecho a la ciudad”. Un derecho a producir otra ciudad sobre la base de tres principios básicos:

a) La distribución equitativa de las cargas y los beneficios del proceso de urbanización. Este principio refiere, entre otras cuestiones, a la generación de plusvalías y a su gestión pública.

b) El derecho a la participación social. Principio dirigido a que las necesidades concretas de los habitantes/ciudadanos sean expresadas democráticamente.

d) El derecho a la centralidad, que es una expresión socioespacial del derecho a la ciudad.

Es así como, por ejemplo, Henri Lefebvre relaciona directamente lo que denomina “derecho a la ciudad” con la centralidad urbana. Para ese filósofo francés el derecho a la ciudad es el derecho a la heterogeneidad incluyente de la centralidad; el derecho a no estar condenado a la homogeneidad excluyente de la periferia. Lo que está en juego es el acceso de todos los habitantes/ciudadanos a la centralidad.

De hecho, como lo recuerda oportunamente Antonio Aniesa (2019: 171), el «derecho a la ciudad» y la idea de «policentrismo» están íntimamente relacionados con la historia de las luchas de las periferias populares para «hacer ciudad». Es en este sentido que el “Plan Montevideo” establece que

“consolidar o desarrollar centralidades intermedias o exteriores al centro principal, y hacer realmente accesible este último, será una manera efectiva de asegurar el derecho a la ciudad”⁶ .

Pero ¿qué es la centralidad de la cual estaría excluida, según Lefebvre, el proletariado? ¿Cuáles son sus características? Hacia finales de los años 90, el mismo Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo precisaba que “las centralidades tienen diferentes escalas y diversas áreas de influencia, con diferentes grados de diversificación funcional y diferentes intensidades de uso (..) centralidades urbanas y metropolitanas (..) centralidades zonales (..) centralidades locales que encuentran en la idea de barrio su fundamento cultural básico”⁷. A partir de ahí, el Plan enunciaba como eje estratégico “consolidar una estructura de desarrollo polinuclear de las centralidades y reforzar el poder de atracción del centro principal”⁸.

Más o menos en el mismo momento, el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) planteó como estrategia “reforzar e impulsar nuevas centralidades que permitan que la ZMVM se desarrolle de manera más equilibrada, ofreciendo mejor calidad de vida al conjunto de la ciudadanía que habita en la región⁹. Con ello, no hacía más que retomar el modelo policéntrico de ciudad enunciada 20 años antes por el mismo gobierno de la ciudad. En efecto, desde el año de 1976, la propuesta del Programa de Desarrollo Urbano del D.F. fue la de estructurar la ciudad en base a centros y sub-centros urbanos, con un relativo grado de autonomía y autosuficiencia, definidos como “concentraciones de equipamiento comercial y establecimientos de servicios públicos”.

4.Patrimonio cultural urbano y ordenamiento territorial

El esquema de centros y sub-centros urbanos tenía una fuerte limitación: obedecía a una visión excesivamente funcionalista (concentración espacial de las funciones de comercio y gobierno), y estaba bastante alejado del proyecto de “una ciudad de pueblos, barrios y colonias”, en gran parte porque no integraba conceptualmente ni prácticamente la realidad del patrimonio cultural urbano de las comunidades locales. La propuesta planificadora pretendía hacer convivir, dentro de un mismo espacio (centro o sub-centro) la centralidad comercial, la de los poderes (político-administrativo y religioso) y la centralidad simbólica. Al no reconocer los conflictos de uso de suelo, y las luchas entre grupos de intereses económicos, por la generación y control hegemónico de los espacios de la(s) centralidad(es), el planificador (vía la confusa categoría de zonas de “usos mixtos”) puso a competir los usos más rentables con los menos rentables, generando así el desplazamiento progresivo del uso habitacional.

Pero no solamente estos espacios de centralidad definidos por el planificador fueron perdiendo el uso habitacional, sino que el uso comercial dominante fue eliminando también muchos elementos del patrimonio cultural urbano cuya conservación no obedece a la lógica de la ganancia. ¿Cómo no reconocer que casi todos los “centros” y “subcentros” propuestos por el funcionalismo planificador coincidían con espacios patrimoniales correspondientes a la ubicación de los poblados históricamente cargados de herencias culturales y sentimientos genuinos de identidad comunitaria (Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Iztacalco, La Villa, etc.)?

Tales fueron las consecuencias perversas de una visión planificadora que, a pesar de una estrategia aparentemente apegada al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la consolidación dentro de la estructura urbana de distintas centralidades, al no incorporar la preservación del patrimonio cultural a dicha estrategia favoreció la generación de falsas centralidades mono-funcionales, hegemonizadas por la función comercial. En este proceso, el patrimonio cultural concentrado en los barrios y pueblos fue desapareciendo silenciosamente, en algunos casos permaneciendo marginado en algunas comunidades que lo siguen valorando, o bien, como barrio-museo para el paseo dominical o el turista extranjero (San Ángel).

En cuanto al debate actual en torno a la existencia de corredores urbanos como soporte de la estructura urbana, conviene recordar que el arquitecto Javier Caraveo A., Director de Planificación del Distrito Federal, planteaba ya en 1982, en el Atlas de la Ciudad de México, que entre los criterios para definir usos, destinos y funciones predominantes estaba: “e) la estructuración de la ciudad mediante corredores y centros urbanos”¹⁰.

En todo caso, esta visión de una ciudad racionalmente estructurada en torno a corredores y centros urbanos se contrapone a lo que la literatura especializada analiza como una aglomeración urbana fragmentada, marcada por una fuerte segregación socio espacial de sus espacios habitacionales y, cada vez más de sus espacios abiertos y equipamientos culturales. La metrópoli mexicana se encuentra cada vez más huérfana de esta función socio espacial fundamental que es la centralidad, y sin la cual es prácticamente imposible que se construya y se reproduzca la sociabilidad urbana.

Con el deterioro y marginación de no pocos de sus “centros”, pueblos y barrios históricos, la metrópoli está perdiendo mucho más que un conjunto de monumentos y de espacios que son testimonios de su pasado histórico, arquitectónico y urbano. Estaría perdiendo con ello el centro, la plaza como espacio de encuentro entre generaciones, entre géneros y clases sociales. Los nuevos “centros” comerciales estarían asumiendo, para ciertos sectores, un papel falsamente socializador: la socialización del gueto.

La pérdida progresiva del capital cultural urbano (su museificación elitista, su comercialización turística o destrucción física) va a la par con la pérdida de centralidades y la progresiva privatización del espacio “público. Sin embargo, varios espacios de la centralidad histórica (denominados como “centros” o “barrios” históricos) siguen ejerciendo diversas funciones centrales. Conservan en particular la función simbólica vinculada al patrimonio histórico cultural que contienen. Suelen presentar también una importante concentración de funciones relacionadas con el poder político, por ejemplo, la concentración de equipamientos culturales, además de seguir agrupando actividades vinculadas al comercio, sobre todo para las mayorías de menores recursos, de cobertura local y a veces incluso regional.

Frente a sus evidentes insuficiencias, el modelo de la ciudad compacta y sustentable hace de la revalorización de los centros históricos “uno de los paradigmas de la planeación y de la gestión de casi todas las ciudades de América Latina”¹¹. Hace ya incluso cuarenta años que en su décima novena reunión (1976), la Conferencia General de la UNESCO consideró que “la salvaguardia de los conjuntos históricos y su integración en la vida de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio”. Tal consideración significa que la definición en torno al papel que está llamado a jugar el patrimonio cultural urbano de las ciudades se vuelve un asunto de importancia de la planeación estratégica del proceso de urbanización para las décadas venideras.

5.Desde la ciudad histórica¹², construyendo el paradigma de la sustentabilidad¹³

Un primer atributo de los espacios de centralidad histórica, sin negar lo que se dijo anteriormente en torno a un proceso homogeneizador, es todavía la heterogeneidad de usos y funciones urbanos. Ello parece evidente al observar cómo la heterogeneidad de los usos del suelo de las áreas de más antigua urbanización se opone a la monótona homogeneidad de las periferias urbanas. El llamado “centro histórico” de la ciudad de México fue, en algún momento, la ciudad toda¹⁴. Por ello, una característica de su estructura socioespacial es la de seguir siendo marcada de forma importante por la heterogeneidad.

Es interesante constatar entonces cómo el discurso planificador tiende a hacer de la heterogeneidad de funciones urbanas y de la mezcla de los usos del suelo dos principios ordenadores de la estructura urbana deseada. Es así como uno de los principales promotores de un nuevo urbanismo para el siglo XXI, Jordi Borja, establece que se “debe optar por el collage, la mezcla, la diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios” (Borja, 2004). Aunque ya en 1938 Louis Wirth definía a la ciudad como un establecimiento importante, denso y permanente de individuos heterogéneos.

En este sentido, los espacios de centralidad histórica presentan la oportunidad de reivindicar una alternativa al modelo dominante de producción de espacios urbanos funcional y socialmente segregados. Por una parte, en términos de la mezcla de usos y de la distribución funcional de actividades, el referente de la ciudad histórica pareciera operar como un modelo todavía vigente. Por otra parte, la co-existencia espacial de diferentes niveles socio-económicos pareciera un principio factible de llevarse a la práctica, desde la perspectiva actual de un centro histórico que se caracteriza por una diferenciación socio-espacial que lo aleja de la gentrificación excluyente que cada vez más investigadores latinoamericanos tienden a considerar como inevitable¹⁵.

Es de reconocer que la superposición de actores e intereses que caracteriza todo espacio de centralidad, presenta un enorme reto a la hora de concretar la utopía de la inclusión social. No puede eludirse que la dinámica socio espacial del centro histórico es un reflejo de la polarización de la economía y la sociedad urbanas. Se tiene entonces que intervenir en un espacio que es, por lo menos potencialmente, objeto de procesos de exclusión y desalojo. Por otra parte, la planeación urbana tiende a plantear como objetivo de las intervenciones en los espacios de centralidad, la explotación turística de su patrimonio cultural urbano, la revalorización de su acervo inmobiliario, y a veces incluso explícitamente la gentrificación de su perfil socio-espacial.

En todo caso, la mezcla de usos del suelo propuesta por el urbanismo “alternativo” de la sustentabilidad, si bien busca concretar el principio de la heterogeneidad, suele enunciarse de forma genérica, y expresa más un voluntarismo ideológico que una utopía realizable. La etiqueta de “usos mixtos” que se generaliza en muchos planos del urbanismo para las áreas centrales termina, en los hechos, por entregar la definición del uso del suelo a la lógica de las rentas diferenciales.

Los espacios de centralidad urbana e histórica se caracterizan por un alto grado de complejidad y heterogeneidad, producto de su propia historicidad, que los hacen vivir dinámicas inmobiliarias, sociales, económicas o culturales no pocas veces divergentes. Estas dinámicas son las que generan un estado de permanente disputa por el espacio entre una multiplicidad de usuarios (Carrión, 2010: 135; Hanley, 2008, Duhau y Giglia, 2010). Es así como, por ejemplo, Carlos Morales, al analizar los tres distintos actores e intereses que compiten -a través de la renta inmobiliaria- por apropiarse del centro histórico de la Ciudad de México (culturales, viviendistas y comerciales), concluye que los intereses comerciales son ampliamente hegemónicos y pueden pagar una renta del suelo casi tres veces por encima del uso competidor que sería la vivienda (Morales, 2010).

La estrategia seguida en la Habana Vieja, y con menos claridad operativa en algunos otros planes de manejo, consiste en dividir el centro histórico en sectores funcionales (comercial, productivo, turístico, habitacional), articulados entre sí por medio de un conjunto de corredores que unen también las plazas tradicionales. Ello implica aceptar cierta división espacial de la ciudad histórica, pero sobre todo que se logre colocar la planeación de los usos del suelo por encima de la lógica de la renta urbana.

De forma alternativa y/o complementaria, los planos de urbanismo del centro histórico en la Ciudad de México, elaborados en el año 2000, se plantearon superar la zonificación horizontal del zoning heredado del modernismo de la Carta de Atenas. Para ello, se buscó que la normatividad en materia de usos del suelo favoreciera la coexistencia de diversos usos entre los distintos niveles de los inmuebles. Esta estrategia se orientaba a consolidar lo que el nuevo urbanismo de la sustentabilidad plantea como la proximidad espacial entre el uso habitacional y las actividades económicas.

Y sin embargo, el caso de la ciudad de México pone en evidencia que se está lejos de lograr la deseable articulación espacial entre el hábitat y las actividades económicas. Tal es el caso de la sustitución de comercios, talleres, servicios personales en planta baja por entradas de estacionamientos, para cumplir con un reglamento muy discutible de un cajón de estacionamiento por vivienda. Aparte de contribuir a la desaparición de los comercios y servicios de proximidad y de afectar la economía de los barrios, ello genera calles muy pocas atractivas para el peatón, e incrementa el sentimiento de inseguridad de los espacios abiertos tanto para los residentes como para los visitantes.

El consenso en torno al mantenimiento del uso habitacional en los centros históricos para distintos sectores socio económicos constituye un verdadero desafío, como lo es ya también para la ciudad central en su conjunto. Lo vivido en la Ciudad de México muestra que sin subsidios a la demanda no hay posibilidad de lograr que el habitar de las mayorías de bajos ingresos pueda encontrar un lugar dentro de la centralidad incluyente. El subsidio puede tomar múltiples estrategias de concreción, desde la intervención directa del estado en la adquisición del suelo hasta el manejo de subsidios cruzados entre usos del suelo más o menos rentables, y entre sectores de diferentes niveles de ingresos¹⁶.

Si reconocemos que una proporción importante de los barrios antiguos son habitados actualmente por una población que se encuentra sumida en la pobreza, a veces en la indigencia, parece utópico pensar que una revalorización de sus espacios pueda llevarse a cabo en su beneficio, en vez de provocar su desplazamiento por grupos sociales económicamente más acomodados, como lo hicieron la “regeneración” o la “renovación” urbanas en las ciudades norteamericanas y europeas.

En este sentido, un proyecto de regeneración urbana y habitacional que pretende ser socialmente incluyente, haciendo de las comunidades de habitantes “las destinatarias prioritarias de las acciones de preservación de los centros históricos”, (IAPH, 1999: 13), es una utopía, una “ou-topos”, que no es estrictamente un “no lugar”, sino un lugar al que se aspira, un “objeto de deseo” (Carrión, 2005). La formulación de utopías urbanísticas parece hoy en día una tarea imprescindible, para orientar el diseño de nuevas estrategias y la elaboración de nuevos instrumentos que permitan efectivamente “hacer ciudad” de forma alternativa.

Es incluso probable que sea desde el corazón de sus antiguos barrios que pueden ir surgiendo las nuevas formas concretas de ir construyendo ciudades menos segregadas, más solidarias y abiertas a la pluralidad. Pero con una condición: que las estrategias tengan un fuerte carácter de integralidad. En efecto, debería admitirse que un proceso de regeneración urbana y habitacional incluyente requiere algo más que de solamente nuevas formas de producción del espacio habitable, sea a nivel técnico, económico financiero o socio organizativo. Innovaciones como el reconocimiento de la “producción social del hábitat”, propuesta por la Red CYTED XIV-B, no pueden por sí mismos resolver una de las causas principales del deterioro habitacional de amplias áreas céntricas de las ciudades: la escasez de recursos económicos que caracteriza a gran parte de sus habitantes (COPEVI, 1974:20).

6.La centralidad urbana, espacio de lo público

Si bien los establecimientos comerciales, los equipamientos administrativos y de la cultura, así como los monumentos, constituyen artefactos de la centralidad, los espacios privilegiados de la misma son, sin lugar a duda, o por lo menos deberían de ser, los espacios públicos abiertos: la calle y la plaza. Se puede coincidir en que la centralidad es “el espacio público por excelencia” (Carrión, 2004: 77), pero podemos afirmar también que el espacio público es la centralidad por excelencia, por su carácter plurifuncional y de apropiación colectiva. A diferencia del espacio construido, un mismo espacio público puede asumir múltiples usos y funciones urbanas de forma sucesiva e incluso simultánea, y satisfacer una gran diversidad de necesidades, de usuarios o de intereses. El espacio público es el soporte de distintas formas de movilidad, pero es también el marco de actividades comerciales, políticas, lúdicas, de prestación de servicios o culturales, según el momento del día, el día de la semana, el calendario escolar o festivo, o bien, el clima. Su carácter de “público” lo convierte en el espacio abierto al uso de cualquier persona.

El espacio público es centralidad porque asume plenamente el atributo de la heterogeneidad, tanto de usos, de funciones como de usuarios. Pero este atributo de la heterogeneidad proyecta sobre el espacio público un conjunto de consecuencias no siempre analizadas en su complejidad:

El espacio público es el lugar en donde se expresa, convive y se confronta la gran diversidad social, económica, política y cultural de los habitantes-ciudadanos de la ciudad, además – en varios casos – de sus “extranjeros”, visitantes o turistas.
Por ello mismo, es un elemento potencialmente privilegiado para la “socialización de la sociedad”, para el aprendizaje del vivir juntos en la diferencia y la construcción del tejido social urbano.
Es el espacio por excelencia para las expresiones de la diversidad cultural y política, para el surgimiento de la “centralidad lúdica” (Lefebvre, 1978).
Por estas mismas razones, es también el espacio privilegiado de expresión de las tensiones y conflictos entre sectores sociales y grupos de intereses, poniendo a prueba la legitimidad de la Ley y la gobernabilidad democrática (Dammert, 2003).

Es a partir de estas consideraciones que se podría plantear que la revalorización de los espacios públicos de la centralidad urbana e histórica es una estrategia que puede contribuir a la (re)construcción del tejido social urbano del conjunto de la ciudad, cuya fragmentación y polarización se articula con los procesos de privatización de los espacios públicos y la creación de nuevas centralidades segregadas y excluyentes. Frente a la privatización de las calles, de los jardines y de los “centros” comerciales, frente a las rejas y las bardas para defenderse de la violencia y el miedo, se trata -desde el centro de la ciudad, desde la plaza “mayor”-, de emprender una (re)acción colectiva de reconquista del espacio público, un espacio de lo público.

Mediante la creación de una “Autoridad del Espacio Público”, el gobierno de la ciudad de México pretendió, en un momento, asumir el desafío de devolver a la ciudad, y a todos los ciudadanos, un espacio democrático, compartido entre distintos sectores sociales, y entre generaciones. Se intervinieron espacialmente plazas, rotondas y camellones, sus pavimentos y las fachadas de los edificios circunvecinos, la jardinería y el mobiliario urbano; se peatonalizan algunas calles. Es, sin embargo, aventurado pensar que mediante el sólo mejoramiento físico de los espacios públicos se fortalece el proceso de des-privatización de lo público, y que se contribuye a la “socialización de la sociedad”.

Por otra parte, a la luz de ciertas intervenciones en los barrios y colonias de la ciudad histórica, emerge la duda de si se trata de fortalecer el espacio (de lo público), o si el objetivo perseguido no es más bien la promoción de la imagen gubernamental, por la gran visibilidad que tiene una acción en los espacios de la centralidad histórica. Sobre todo, cuando ciertas acciones tienen de hecho como consecuencia la de restringir el libre acceso, o el libre uso, de los espacios públicos “recuperados”.¹⁷

Articulada con el desafío de fortalecer la función de integración y socialización que potencialmente tienen los espacios públicos, se encuentra la de su apropiación social, y no solo de su libre acceso y uso. Para ello, algunas autoridades locales utilizan lo que constituye una réplica de las prácticas exitosas de apropiación colectiva de ciertas centralidades tradicionales, por parte de comunidades rurales e indígenas. Se proponen trasladar las actividades culturales, la danza, el baile, la música, el teatro, desde los recintos encerrados y elitistas de la Cultura hacia la plaza abierta y plural. En 1998, el lema del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México fue: “de Bellas Artes (el teatro) al Zócalo (la plaza mayor)”. Al mismo tiempo, es la oportunidad de construir lo que Henry Lefebvre llama “la centralidad lúdica” (Lefebvre, 1978: 156), como una alternativa a una centralidad cultural que tiende demasiado a burocratizarse y/o a generar aburrimiento. La centralidad como lugar de la “fiesta renovada” (id.). Entonces el sentido de pertenencia se vuelve tangible, pues es objeto de gozo y disfrute compartido.

Sin embargo, ello no se logrará sin antes reconocer que, en el caso de la Ciudad de México, tanto los espacios de centralidad como la urbe en su conjunto han transitado de un orden autoritario hacia un desorden autoritario, y que el reto es la construcción de un orden democrático. La recuperación de los espacios de centralidad como espacios públicos, como espacio de lo público, implica en cierta medida la recuperación del ejercicio de la coacción legítima por parte de la autoridad pública, no sólo por la proliferación de la delincuencia, sino por la difusión de diferentes formas de coacción ejercidas por múltiples grupos que confunden la reivindicación y manifestación legítimas de necesidades y demandas, con la imposición de sus intereses específicos a los demás.

En los espacios de centralidad, como en el conjunto de la ciudad, está en juego el asegurar que el interés público esté por encima de los intereses particulares privados, lo que constituye un problema fundamentalmente de gobernabilidad. De modo que cuando se habla, por ejemplo, de la “recuperación del centro histórico”, esto tiene un doble sentido: la recuperación del centro histórico como espacio público, como espacio de todos, y a su vez como un espacio en el que rige un orden público. Por algo será que la regulación del comercio en vía pública es percibida, cuando se da, como señal de que es posible la gobernabilidad de la ciudad. La cuestión es saber si esta gobernabilidad puede ser democrática o si, como piensa Max Weber, la ciudad, y en particular sus espacios de centralidad, son los espacios de la autoridad NO legítima.

7.Nuevo urbanismo y gestión democrática de la ciudad

De hecho, no se puede debatir en torno a un nuevo modelo de urbanismo sin abordar la cuestión de la construcción de ciudadanía. Cualquier visión de la Urbs no tiene sentido sin un proyecto para la Civitas, e incluso para la Polis.

La transición democrática en México ha hecho de la ciudad histórica de la capital mexicana el escenario privilegiado de expresión de los numerosos conflictos sociales y políticos, a nivel local, regional y nacional. Por otra parte, este polígono definido en 1980 como “centro histórico” de la ciudad de México, reúne en un espacio reducido (menos del 1% del área urbana) la mayoría de las contradicciones y de los conflictos económicos, sociales y políticos que estructuran a la conflictiva gran ciudad.

Tal vez por ello se haya convertido, de hecho, para los medios de comunicación y la opinión pública en general, en una suerte de “vitrina” de la gobernabilidad, o bien del desgobierno. Es, sin lugar a duda, uno de los espacios que concentra con mayor agudeza, con mayor violencia y urgencia, el desafío de construir una acción pública democrática que atienda la problemática de “los grupos mayoritarios empobrecidos”.

El desafío consiste en diseñar una política pública incluyente, propósito que el primer gobierno de la Ciudad de México, democráticamente electo en 1997, resumió en el lema: “una ciudad para todos“. Frente a un desarrollo urbano, económico y social excluyente, fuertemente marcado por la segregación socioespacial, se trata de incorporar los sectores empobrecidos (“sectores populares”) al desarrollo; alternativa democrática y de justicia social que se contrapone a la actual política neoliberal que consiste en atender la pobreza de forma marginal y focalizada.

La heterogeneidad de funciones que asume el centro histórico para el conjunto de la ciudad, pone en tensión funciones endógenas para la población que lo habita (reside y/o trabaja), y para la “población flotante” que es atraída por sus funciones de centralidad (sea ésta simbólica, cultural, lúdica, comercial o política). En esta tensión entre los de adentro y los de afuera, la autoridad muchas veces tiene que escoger, y generalmente lo hace en detrimento de los que habitan la ciudad histórica.

¿Es posible superar esta tensión? ¿Este espacio denominado “centro histórico” puede cumplir la doble función de atender las necesidades culturales de los visitantes y turistas, y a su vez asegurar la calidad de vida de su población residente? Si se peatonaliza para el visitante, se impide el paso del coche del residente o del comerciante; el autobús del turista bloquea la puerta cochera del habitante, el vecino del tercer piso no puede dormir por la música del bar de la planta baja. Como se sabe, esta tensión va mucho más allá de los límites del polígono declarado como zona patrimonial.

Más temprano que tarde los principios de mezcla de usos y de heterogeneidad de habitantes y usuarios se enfrentan a la ausencia de herramientas, de “facilitadores”, y de espacios de gestión que se hagan cargo de la gestión de las tensiones y de los conflictos. El nuevo urbanismo, al carecer de un proyecto de ciudadanización de la Civitas y de nuevas instituciones para la Polis, ofrece una imagen de un proyecto autoritario, o por lo menos tecnocrático, si bien eventualmente bien intencionado por parte de algunos de sus promotores.

Por otra parte, el principio de la heterogeneidad cuestiona de raíz los arreglos institucionales vigentes y su carácter sectorial. Sin embargo, el nuevo urbanismo de la sustentabilidad se sigue satisfaciendo con la separación de hecho entre la dimensión medioambiental, la dimensión socio económica y la dimensión meramente urbana de sus planteamientos; separación que recorre tanto los marcos legislativos y reglamentarios, como los organigramas institucionales, los planes y programas o los documentos presupuestales y fiscales. La muy socorrida “integralidad” solamente figura en el título de planes y programas siempre calificados de “integrales”, sin que por ello su contenido refiera a decisiones de re-ingeniería institucional.

La integralidad de la acción pública en apoyo al nuevo urbanismo de la sustentabilidad significaría lograr que la planeación y las políticas de desarrollo económico y social se articulen con el ordenamiento territorial en su doble dimensión ambiental y urbana. Lo sucedido en algunos centros históricos de la Región, parece indicar que la preocupación por la integralidad de la gestión desemboca en la creación y/o el fortalecimiento de un gobierno local con la “autonomía” y la “autoridad” suficientes. De hecho, en México se creó en 2006 la “Autoridad del Centro Histórico”; y es de sobra (re)conocida la experiencia exitosa de una unidad de gestión en la Habana Vieja con la Oficina del Historiador.

La pregunta es si la creación de órganos descentralizados, con las atribuciones de una gestión integral, constituye un modelo deseable para el conjunto de la ciudad, o bien si se trata de una excepción. No puede ignorarse el riesgo de cierta “balcanización” de la gestión urbana cada vez más proclive a actuar por proyectos, y no tanto en el marco de las viejas estructuras de los planes generales de urbanismo.

Por otra parte, el llamado “centro histórico” es el lugar privilegiado de la tensión entre lo público y lo privado. En primer lugar, porque encierra un conjunto de problemáticas asociadas a la propiedad privada del suelo y de los inmuebles. En segundo lugar, porque se encuentra inmerso, como el conjunto de la ciudad, dentro de la corriente hegemónica de privatización de la gestión urbana, la cual se expresa a través de la multiplicación de las figuras como los patronatos, las fundaciones, los fideicomisos, las concesiones de servicios urbanos a las empresas privadas, etc. (Carrión). Bajo la figura de “empresas mixtas”, del “Sistema de Actuación por Cooperación” (en el caso de Ciudad de México), o de la APP (Asociación Público Privada) se busca dar cobertura a una presencia cada vez mayor del financiamiento privado en los proyectos. En tercer lugar, porque la sostenibilidad económica y financiera del proceso del llamado “rescate” requiere de inversiones privadas.

Si bien todo esto no es propio del centro histórico, la mayor visibilidad de la acción gubernamental en este espacio ha mostrado que favorece el diseño y aplicación de cambios en las formas de gestión urbana, los cuales se extienden al conjunto de la ciudad. En el caso de la ciudad de México, un caso ejemplar es el hecho de que el sistema de transferencia de potencialidad de edificación que hoy en día se aplica (no sin problemas) al conjunto de la ciudad, fue inicialmente ideado para subsidiar los costos de la rehabilitación de inmueble en el centro histórico¹⁸.

Epílogo

Como parte de las medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus, el acceso al Zócalo de la Ciudad de México y algunas calles del Centro Histórico fueron cerrados al público, en general, el 2 de abril de 2020; con el cierre total o parciales de los comercios y equipamientos culturales. La dificultad de las autoridades por hacer cumplir estas medidas restrictivas, cuyo propósito fue frenar la propagación del virus al restringir las aglomeraciones de personas en los espacios públicos, no deriva solamente de la concentración de la actividad comercial propia del centro histórico, sino también de la atracción que ejerce la centralidad histórica, por encima –hasta cierto punto– de la necesidad de cuidado personal y de la recomendación “quédate en tu casa”. Así lo atestiguan el hecho de la permanencia de una significativa densidad de peatones en ciertas calles y ciertos días, a pesar del cierre de los establecimientos comerciales.

La regulación vigorosa que implementa el gobierno de la ciudad en tiempo de pandemia, frente al uso intensivo que suele tener el centro histórico y lo difícil de la tarea, nos lleva a reflexionar una vez más sobre el papel de la centralidad urbana e histórica en la vida cotidiana de los habitantes de la gran ciudad, y de la práctica ciudadana del espacio público, tanto de sus espacios abiertos como de las expresiones arquitectónicas del patrimonio cultural urbano ahí reunidas.

El uso del centro histórico, a pesar y en contra de las amenazas del virus COVID-19, ¿acaso no expresa que lo que está en juego en la revalorización de la centralidad urbana es, al mismo tiempo, el derecho de todos a identificarse con un patrimonio cultural urbano común, así como el derecho a la diferencia y a la convivencia entre distintas culturas urbanas, y entre clases sociales? ¿No será que los espacios de centralidad urbana e histórica constituyen hoy en día un laboratorio privilegiado para ir diseñando un nuevo paradigma urbanístico, que esté fundado en la heterogeneidad de los usos del suelo, la pluralidad social y la gobernabilidad democrática?

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Notas

Françoise Choay, Pour une Antropologie de l’espace, Paris, Seuil, 2006:167 (la traducción es nuestra).
“Modelo” aquí puede entenderse como un conjunto de teorías y de representaciones de ciudad destinadas a plasmarse en determinadas formas arquitectónicas y urbanas mediante un conjunto de normas y reglamentaciones (Choay, 1980)
Id. pág. 75 (la traducción al español es nuestra)
Françoise Choay, op. cit. p. 74. (la traducción es nuestra).
Sobre esta interrogante, véase: “policentrismo”, en Montejano y Caudillo, Densidad, diversidad y policentrismo, pp. 108-138.}
Intendencia Municipal de Montevideo, p. 135.
Id.
Intendencia Municipal de Montevideo, p. 134.
POZMVM, 2012: 134.
El subrayado es nuestro. Capítulo 9.2, “Planificación del Desarrollo Urbano”, DDF, Atlas de la Ciudad de México, 1982, pág. 212. Tiene cierto interés constatar que la incorporación de “corredores” a la estructura urbana propuesta por la tarea planificadora del gobierno de la ciudad tiene más de treinta años.
Mesías & Suárez, 2002: 14
Como se explicará más adelante, preferimos este vocablo al de “centro histórico”.
Se retoman aquí varios de los planteamientos expuestos en la conferencia magistral presentada en el XIII° Encuentro sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, La Habana, mayo de 2015.
De ahí la preferencia por usar el término de “ciudad histórica” en vez de “centro histórico”.
Varios investigadores latinoamericanos, siguiendo a Neil Smith, para quien la gentrificación es una estrategia mundial del capital (Smith, 2012), observan procesos de gentrificación en la revalorización y renovación de barrios centrales y peri centrales (entre otros espacios de las ciudades latinoamericanas). Véase, entre otros, Hidalgo y Janoschka, 2014.
Entre otras acciones pueden también mencionarse, la expropiación concertada de inmuebles, la dotación de suelo, la recuperación de plusvalías, e incluso el sistema de transferencia de potencial de desarrollo, aunque éste último tiende a ser desvirtuado.
Véase los trabajos de Ángela Giglia sobre la renovación del jardín de La Alameda en ciudad de México (Giglia, 2013).
Cuando la política urbana hace del centro histórico un “gran proyecto urbano”, éste se convierte en un importante espacio de innovación neoliberal en materia de gestión urbana: véase sobre ello, en particular: Lungo, Mario, 2004.