A general interpretation of the commercial reproduction of public space in Mexico City
Miguel Ángel Vite Pérez
Docente-investigador CIECAS IPN, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Doctor en Sociología,en el Programa de Bienestar Social y Desigualdades Universidad de Alicante, España (2001-2004). Mención “Cum Laude”. “México: Desigualdad Social y Ciudadanía (1990-2000)”. Maestro en Desarrollo Urbano por El Colegio de México. A. C. México, D. F. Licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, D. F. Correo electronico: miguelviteperez@yahoo.com.mx
Mijael Altamirano Santiago
Licenciado en economía por la Escuela Superior de Economía del IPN. Doctor en Ciencias Políticas y sociología por la Universidad Computlense de Madrid, España. Miembro SNI nivel 1.
Recibido:17 de Mayo de 2016.
Aceptado: 08 de febrero de 2017.
Disponible en línea: 01 de agoso de 2017.
CC BY-NC-ND
Resumen
El objetivo del artículo es elaborar una interpretación acerca de la transformación del espacio público en un lugar donde la movilidad de las personas ha sido determinada por un entorno comercial. En otras palabras, el espacio público de la ciudad de México, y sobre todo de su zona central (conocida como Centro Histórico de la ciudad de México), se ha transformado en un soporte de la ciudad mercancía, es decir, del consumo mercantilizado, caracterizado, desde un punto de vista general, por un uso comercial generalizado del espacio, que ha resultado favorable a la realización de las actividades económicas formales e informales. Al mismo tiempo, los eventos masivos de ocio y diversión que se han celebrado en su plaza principal (Plaza de la Constitución o Zócalo) han sido promovidos por las empresas privadas. Por otro lado, en la elaboración de la interpretación intervinieron puntos de vista teóricos, que hicieron posible una lectura de algunos hechos, que no solamente aparecieron registrados en la prensa sino en imágenes del entorno transformado, por ejemplo, en calles peatonales, que aparentemente favorecen la movilidad individual, pero en realidad permiten que el peatón se convierta en un consumidor potencial. Palabras clave: Ciudad mercancía, espacio público, movilidad, consumo, convivencia mercantilizada.
Abstract
The objective of this article is to develop an interpretation about the transformation of public space into a place where mobility of people has been determined by a commercial environment. In other words, the public space of the city of Mexico, and especially its central area (known as Historic center of Mexico City), has become in support of the good city, ie commodified consumption, characterized from a general point of view, for widespread commercial use of space, which has been favorable to the realization of formal and informal economic activities. At the same time, mass entertainment and fun events that have taken place in the main square (Plaza de la Constitución or Zócalo) have been promoted by private companies.
On the other hand, in developing the interpretation intervened theoretical points of view, they did a reading of some facts that not only appeared registered in the press but images of the environment transformed, for example, pedestrian streets possible, apparently favor individual mobility, but actually allow pedestrians to become a potential consumer. Keywords: City merchandise, public space, mobility, consumption, commodified coexistence.
Introducción
La política económica neoliberal promueve una modernidad urbana, que se ha caracterizado, desde un punto de vista general, por una urbanización basada en proyectos de renovación del patrimonio público e histórico, pero vinculada a una funcionalidad subordinada directamente al proceso de acumulación de capital privado[1].
Por tal motivo, las estrategias de transformación urbana neoliberal han buscado, en mayor o menor medida, que las ciudades sean convertidas en territorios organizados por la competencia mercantil mundial (Díaz, 2006:43).
En este caso, los diversos proyectos urbanos serían viables solamente si se vincularan con el desarrollo económico privado, lo que tiene su impacto en la especialización económica de la ciudad y se reflejaría en los constantes cambios que se han introducido en el uso de suelo. Sin embargo ha aumentado la diferenciación residencial y ha ampliado la necesidad de una mayor movilidad interna; como consecuencia de la ampliación en la separación entre el lugar donde se vive y donde se trabaja (Orihuela, et al, 2015).
Desde otra perspectiva, los cambios que se han introducido a las regiones o ciudades han sido identificados con la llamada innovación espacial. Es decir, como resultado de la presencia de un nuevo modelo económico capitalista de producción flexible, relacionado con una disminución de costos, y al mismo tiempo, con el conocimiento convertido en tecnología (Paunero, 2010: 121). En otras palabras, una ciudad especializada en el desarrollo de tecnologías y que resulte favorable a la producción de mercancías y servicios que tienen como destino principal el mercado internacional.
Pero esos cambios económicos, que datan de inicios de la década de los años 70 del siglo XX, también respondieron al surgimiento de economías de “desaglomeración”; entendida ésta como una descentralización de actividades productivas y de intercambio, acompañadas de nuevos procesos de “desurbanización” o “contraurbanización”, vividas a través de un deterioro residencial (Zárate, 2003: 24).
Sin embargo, los procesos de “desaglomeración” y “desurbanización” permitieron la aparición de un proceso de reurbanización que se manifestó tanto en la forma como en la estructura urbana, generando una revitalización de las áreas centrales de las ciudades, recuperando, al mismo tiempo, áreas residenciales interiores, en las que se asentaron segmentos sociales de clase media y alta, dando inicio a un proceso llamado gentrificación (Zárate, 2003: 26)[2].
La gentrificación generó fragmentación social que manifestó una diferenciación residencial; pues las periferias no se integraban a los espacios centrales. Mientras el uso del automóvil, al buscar la eliminación de las fricciones tradicionales, permitía una homogenización del espacio, por ejemplo, entre los usos residenciales y la localización de las actividades económicas (Zárate, 2003: 28)[3].
En el caso de la ciudad de México, el uso del automóvil no sólo había favorecido la movilidad de los grupos sociales de ingresos medios y altos, sino que se había transformado en un factor que incidía en la aparición de algunas aglomeraciones que no eran funcionales a la reproducción de la ciudad en su conjunto, lo que había estado organizado a través de un consumo diferenciado; tanto de las mercancías producidas por las actividades económicas privadas, como por un acceso desigual a las actividades de recreación y ocio.
En otras palabras, se había creado una ciudad mercancía o comercial, se habían modificado sus paisajes y su patrimonio histórico a través del aumento de su plusvalor económico[4]; lo que había reproducido una diferenciación entre localidades, ciudades y regiones afortunadas en comparación con otras que sufrían todo tipo de problemas o calamidades vistas a través de una distinción entre los grupos de bajos ingresos con los de ingresos medios y altos, que gozaban también de un consumo diferenciado de bienes y servicios urbanos (Harvey, 2014: 161).
El proceso de transformación de una ciudad central a una ciudad mercancía, no sólo se relacionaba con la instauración de un paisaje particular; ocurrió mientras se consolidaba su proceso de metropolitización, acompañado de la aparición de fenómenos sociales como la pobreza y segregación urbana, que en realidad se expresó como una acumulación de desventajas sociales vividas por los grupos de bajos ingresos que encontraron un limitado acceso a los servicios públicos básicos. Y sus asentamientos, al mismo tiempo, se distinguieron no por el tamaño de su población, ni por las características físicas de su territorio habitado, sino por la ausencia de espacios de socialización o públicos; lo que ha influido, entre otros factores, en la debilitación de los lazos o vínculos sociales[5].
La segregación residencial es un rasgo distintivo que tiene la ciudad de México y que conduce a pensarla como un problema de déficit de servicios públicos y equipamiento que afecta más la calidad de vida de sus habitantes empobrecidos, lo que también ha producido múltiples tensiones sociales o conflictos (Orihuela, et al, 2015: 88).
Por otro lado, el espacio público de la zona central de la ciudad de México se ha transformado acorde a la lógica mercantil, colocando en un segundo plano su carácter socializador y, en consecuencia, de reforzamiento de los lazos sociales, reproduciendo por un lado las diferencias sociales con base en los ingresos, y por el otro, mediante los programas de renovación urbana (el rescate del patrimonio histórico y la creación de calles peatonales), que, desde un punto de vista general, ha representado una solución espacial para los inversionistas privados que poseen un exceso de capital o dinero, pero que no encuentran atractivo invertir, por ejemplo, en actividades económicas riesgosas y globalizadas, sobre todo, porque han sido afectadas por los vaivenes del mercado internacional (Harvey, 2007b: 323).
En suma, el supuesto principal de este artículo es el siguiente: el espacio público como productor de solidaridad se encuentra afectado por su mercantilización, lo que se puede visualizar por medio de las prácticas sociales comerciales que muestran la manera en que se apropian los grupos económicos del territorio para la realización de sus intereses particulares.
Al mismo tiempo, se han producido calles para el tránsito, libres de comerciantes ambulantes y de indigentes, para circular de parte del peatón y no para permanecer, sino sólo para pasar. Se busca que los espacios públicos sean un lugar transitorio para dirigirse a las zonas comerciales y turísticas (Giglia, 2015: 30-31).
De acuerdo con Giglia (2015: 32), se trataría de la producción de una ciudad central insular; islas o zonas organizadas por normas exclusivas y excluyentes, cuyo cumplimiento se garantizaría por una supervisión policial, apoyada en la tecnología de la vigilancia.
Lo anterior ha provocado que las intervenciones en diversos espacios públicos sean fragmentarias y que el uso de los sitios, por parte de comerciantes ambulantes y de otros grupos culturales informales, se realice mediante una negociación con las autoridades, alejadas de las leyes y las normas. Este comportamiento negociado ha provocado que otros grupos, con un poder menor de negociación o sin el mismo, queden excluidos del uso de los espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad de México[6].
Otro supuesto es que el carácter metropolitano de la ciudad de México se ha basado en la expansión territorial de los asentamientos de los grupos sociales de bajos ingresos hacia la periferia; siguiendo la lógica del negocio informal del suelo, en ausencia de la planeación territorial (Azuela, 1989), afectando así la existencia de espacios públicos de socialización, lo que ha sido sustituido por una apropiación privada de calles y avenidas, orientada también por intereses privados diversos[7].
El uso de algunos periódicos se justifica porque en ellos se presenta una narrativa de las autoridades y de otros sujetos, cuyas prácticas sociales se desarrollan al margen de la vida institucional (mercado, familia, escuela, secretarías de gobierno) o, en algunos casos, conviviendo con éstas; lo que define o no la existencia de los espacios públicos, que según Alexander (2011: 594) permiten, finalmente, la interacción simbólica realizada a través de las relaciones sociales.
De acuerdo con Río (2008: 62-71), otra ventaja de la prensa escrita (periódicos), es que presenta una información sistematizada sobre un evento o fenómeno que todavía no ha recibido atención por parte de otras fuentes de información; sin embargo, no se descarta que un suceso sea noticia debido a que está sujeto a los intereses editoriales o a las rutinas de los periodistas.
Para el caso que nos ocupa, el jefe de Gobierno de la ciudad de México ha convertido la transformación de algunas calles del Centro Histórico en espacios peatonales, asimilados como parte de una política urbana de “rescate” de zonas que estaban “controladas”, según su perspectiva, por vendedores callejeros, o como espacios donde convivían individuos empobrecidos dedicados al vicio y a pedir limosna; actividades identificadas como la causa de la inseguridad peatonal y también de la caída en la rentabilidad de los negocios localizados en dichas calles debido a que se transforma en un área poco atractiva para los consumidores.
En este sentido, la prensa le ha dedicado sus planas a la política de “rescate” urbano oficial de la ciudad de México porque ha visualizado el conflicto que se percibe en la vida cotidiana entre los usos diversos que hacen los grupos e individuos del espacio público en un lugar cuya importancia radica en que es patrimonio histórico y de la humanidad.
Por tal motivo, el artículo se divide en tres partes: En la primera se presenta una nota metodológica que ayuda a justificar y construir la interpretación sobre la problemática de los espacios públicos en la zona central e histórica de la ciudad de México. Mientras, en la segunda parte, se estudia la problemática señalada, pero con el uso de algunas evidencias que provienen de fuentes periodísticas apoyadas en fotografías. Y en la tercera parte se encuentran las reflexiones finales sobre el tema analizado.
Nota Metodológica sobre la interpretación del espacio público
El espacio público es un hecho social en el sentido de que puede ser definido por su uso igualitario y sin restricciones socioeconómicas, garantizado, hasta cierto punto, por el orden legal y convencional, pero que produce solidaridad. Es decir, interacciones sociales por parte de todos los presentes, generando una convivencia pacífica y sin distinciones culturales; permitiendo, a su vez, el anonimato (Duhau y Giglia, 2010: 391).
Por eso, el espacio público estaría articulado con un orden urbano; donde lo legal y lo convencional, es decir, lo aprendido a través de costumbres y creencias[8] (Duhau y Giglia, 2016: 99) favorece la configuración de las relaciones sociales que muestran cómo los individuos y grupos se apropian del territorio para usarlo de acuerdo a sus intereses particulares o también para mercantilizarlo.
Pero el desapego de los mexicanos al orden legal[9] ha sido favorable a la expansión de las reglas convencionales, clasificadas como ilegales, que regulan comportamientos colectivos rutinarios sobre el uso de los espacios públicos; mientras, los conflictos que surgen en torno al mismo no tienen una solución en el marco legal; sino en las negociaciones particulares o en el uso de la violencia desde la autoridad o por parte de los involucrados en el conflicto (Escalante, 1999).
Sin embargo, lo ilegal en el espacio urbano no significa necesariamente criminalidad en el caso de los grupos sociales de bajos ingresos que han urbanizado la periferia sin seguir los planes ni programas de desarrollo urbano. Sobre todo, porque les ha permitido un acceso al suelo para edificar su vivienda a un bajo costo.
A otros grupos sociales, estar al margen del marco legal les ha representado impunidad y discrecionalidad para controlar las ventajas sociales derivadas de la economía formal y también de las instituciones políticas y sociales (Davis, 2010: 35-36).
Desde un punto de vista general, la convivencia de los dos tipos de órdenes ha construido un territorio desigual y heterogeneo, donde las zonas grises o umbrales[10] producen órdenes sociales paralelos que, en un contexto de economía neoliberal globalizada, se han caracterizado por ser sistemas de expoliación o de acumulación por desposesión que afectan el patrimonio y vida de sus pobladores a favor de quienes lo controlan (Harvey, 2006: 110).
Pero, también en México, la vida social que no está organizada del todo por reglas y leyes enmarcadas en las instituciones, ha puesto en evidencia un fenómeno que ha ocurrido en las últimas décadas dentro de las sociedades más desarrolladas, a saber: el divorcio entre el sistema y el actor; en otras palabras, una acción personalizada, individualizada y no definida por los roles establecidos por las instituciones sociales como, por ejemplo: la empresa-familia, es decir, lo que es conocido como la estructura de la vida política (Touraine, 2016: 15).
Por ello, los espacios públicos de las ciudades mexicanas, cuyo orden no proviene de las reglas legales ni, en consecuencia, de su cumplimiento mediante la intervención estatal, han sucumbido a la privatización desde donde se han establecido las metas del mercado privado (Marcuse, 2009: 84). En otras palabras, el mercado está ordenando el espacio público y puede entrar en conflicto con otros órdenes derivados de lógicas y necesidades contrarias a la dinámica económica capitalista.
De acuerdo con Marcuse (2009: 89), los espacios públicos han sido transformados de una manera funcional para su integración a los negocios privados, creando una fragmentación, que no permite relaciones libres ni jerárquicas entre sus residentes porque han sido reducidas sólo a la esfera del consumo privado.
Al mismo tiempo, los espacios públicos funcionales a los negocios privados se han convertido en espacios vigilados debido a la existencia de una combinación entre las tecnologías de la vigilancia con las actividades policíacas de protección, a través de la prohibición para realizar prácticas sociales ajenas al consumo mercantil (Soja, 2009: 94).
Por tal motivo, la renovación urbana de los espacios públicos, realizada bajo los imperativos del capital privado, niega la posibilidad de socialización mediante la convivencia con lo extraño; sobre todo cuando al espacio público se le ha identificado como un soporte material de la criminalidad y el desorden; es decir, con la destrucción de las experiencias derivadas de la diversión y el ocio, que solamente tienen sentido en la esfera del consumo mercantil individualizado (Sennett, 2009: 213-214).
En este caso, los espacios públicos mercantilizados son contrarios a los ideales de la justicia social, ligados a los derechos ciudadanos, donde el uso del territorio se encuentra determinado por el acceso a sus recursos naturales; pero también a su equipamiento para producir solidaridad y convivencia en un plano igualitario y diverso; dicho de otro modo, en busca del derecho a la ciudad a través de las luchas o la movilización social contra la injusticia y discriminación (Soja, 2014: 36-39).
Desde otro punto de vista, la existencia de la sociedad de consumo capitalista implica la formación de una cultura de mercado, donde los deseos e imaginarios colectivos y aspiraciones de las masas tienen sentido en el espacio mercantil, es decir, en el espacio de la compra-venta, que ha tenido como expresión eventos como: las exposiciones universales que exhiben los cambios de temporada del mercado y cuyas sedes han sido las principales ciudades capitales de los países desarrollados (Marinas y Santamarina, 2015: 10-13).
En consecuencia, los espacios o territorios organizados por diferentes lógicas son presentados como “irracionales”, porque son contrarios a la lógica mercantil, lo que ha alcanzado su hegemonía en un mundo dominado por el pensamiento neoliberal y que ha hecho posible, al mismo tiempo, la desconexión entre el sistema manifestado a través de los roles y reglas de la acción social individualizada y sometida a la cultura derivada del mercado capitalista (Véase, Jameson, 2012).
Por otro lado, la interpretación de los hechos sociales tiene como objetivo analizar las estructuras de significación, es decir, descifrarlas para tratar de leerlas, pero por medio de puntos de vista teóricos que, en términos probabilísticos, le confieran un sentido particular sobre el cual apoyar la construcción de una explicación que vaya más allá de una simple descripción de los eventos inconexos (Geertz, 2006).
En este caso, los espacios públicos convertidos en apoyo al consumo mercantil articulan la vida cotidiana y, en consecuencia, su sentido se localiza en una estructura de mercado que no conforma un espacio de encuentro; sino de consumo individual, medido sólo por la capacidad adquisitiva personal (Schutz, 2015: 14-15).
Por ello, el significado del espacio público convertido en parte de una calle peatonal, como en el caso de algunas calles localizadas en la zona central de la ciudad de México, se encuentra en su apropiación por parte de los que la usan para transitar, consumir o también para expresar prácticas culturales a cambio de una cooperación monetaria voluntaria por parte de los integrantes de alguna de las diversas aglomeraciones de espectadores que se han formado a lo largo de la calle peatonal.
El Espacio público mercantilizado como patrimonio del consumo individual
Las consecuencias espaciales de las prácticas sociales, legales y convencionales, hacen posible afirmar que existe una transformación social del espacio o territorio. En este sentido, la autoridad, con base en la legalidad, busca regular los comportamientos sociales que se oponen a la misma o que buscan manipularla de acuerdo a sus intereses particulares. Esto último queda demostrado cuando los artistas callejeros y músicos utilizan las esquinas de las calles de la zona centro de la ciudad de México para obtener ingresos a través de la “cooperación monetaria voluntaria” de los peatones.
El asunto es que las diversiones callejeras también niegan el carácter público del espacio, porque impiden la movilidad y fomentan pequeñas aglomeraciones que no pueden considerarse como una manifestación del uso igualitario del espacio público. Sobre todo porque no todos podemos realizar la misma actividad, y en caso de que así fuera, aumentaría la posibilidad de que las sanciones, basadas en el orden legal se multiplicaran.
La relación entre los grupos sociales y las autoridades para el uso del espacio público y sus bienes, se encuentra orientada por la discrecionalidad que garantiza el funcionamiento de los acuerdos convencionales, que niegan la presencia de las normas y reglas derivadas del orden legal o formal (Duhau y Giglia, 2016: 106-107).
En México, las prácticas convencionales, sociales-espaciales no solamente tienen una larga historia urbana; sino que ahora, y como consecuencia de los efectos de la política económica neoliberal, se han multiplicado como medio de sobrevivencia, ampliando la vulnerabilidad social donde la intervención gubernamental ha sido justificada sólo a través de la beneficencia estatal (Lomnitz, 2016: 180).
Lo anterior significa que se busca satisfacer las necesidades sociales insatisfechas mediante dos vías: los programas gubernamentales de beneficencia y en la economía informal que tiene sus consecuencias sobre la reorganización del espacio público; visualizada mediante la ocupación de calles y avenidas que permitan comercializar mercancía proveniente del llamado libre comercio (Alba, 2015).
Por otro lado, la centralidad de la ciudad de México está dada por su patrimonio histórico que comprende sólo a la ciudad colonial y que se conoce como Centro Histórico de la ciudad de México. Éste forma parte de la delegación Cuauhtémoc y, a lo largo de su historia, se ha convertido en un espacio socialmente disputado porque en él convergen diferentes tipos de intereses sobre el uso de su suelo: comercial, habitacional, recreación, gestión gubernamental (Duhau y Giglia, 2016: 157-160).
La parte central de la ciudad de México se caracteriza por ser la más urbana; porque tiene la mejor ubicación y cuenta con los mejores servicios y, al mismo tiempo, tiene una buena conexión con el resto de las delegaciones de la ciudad de México, dicho de otro modo, su traza responde a una planeación institucional (Duhau y Giglia, 2016: 161).
El patrimonio histórico y urbanístico de la parte central de la ciudad ha sido transformado por las diferentes disputas espaciales entre los vendedores ambulantes; por ejemplo: que violan leyes sobre el uso del espacio público local, y las autoridades, cuya actuación ambivalente ha provocado el surgimiento de una zona gris o umbral, donde la aplicación de la norma se negocia[11], lo que genera beneficios a través del pago de cuotas ilegales a la autoridad que permite la venta de mercancías legales e ilegales (Alba, 2015: 375).
La informalidad e ilegalidad de las actividades comerciales en el Centro Histórico, ha favorecido al surgimiento de liderazgos organizados por ambulantes encargados de negociar la aplicación de la ley con la autoridad. Es decir, se ha buscado disminuir el conflicto en la apropiación del espacio público a través de mejorar la seguridad de la zona de venta mediante el pago de cuotas a los policías, a sus jefes o por medio de los inspectores de vía pública; dicho de otro modo; a los empleados que trabajan en la administración de la delegación[12] (Alba, 2015: 397-398).
Algunos espacios públicos de la zona histórica de la ciudad de México han sido controlados por grupos de comerciantes específicos, aunque legalmente siguen siendo públicos y aparecen físicamente abiertos pero con una relativa limitación a la circulación y congregación de un público diverso; definido sólo por su capacidad potencial de consumir (Duhau y Giglia, 2010: 397).
El variado universo de los que se apropian de los espacios públicos para el desarrollo de la economía informal es el que le ha conferido el carácter privado a lo público que sólo sobrevive debido a la necesidad de una circulación de peatones para la compra de sus servicios y mercancías.
Al mismo tiempo y de acuerdo con Rivera y Ledezma (2014:87), la mercantilización de los espacios de algunas ciudades en general se ha acompañado por campañas de marketing para apoyar el turismo cultural; justificado bajo el discurso de la llamada competitividad de las ciudades[13].
Lo anterior se ha manifestado a través del uso de la plaza central del Centro Histórico de la ciudad de México que ha estado regulado por criterios comerciales de parte de la autoridad capitalina; sobre todo cuando se permite su uso para la realización de ferias culturales y de algunas actividades de ocio patrocinadas por empresas privadas[14].
Por su parte, el proceso de desconcentración y reconcentración de servicios mercantilizados en el territorio de la ciudad de México, según Schteingart e Ibarra (2016: 36-39), respondió más a las necesidades de las áreas donde habitaban las clases medias y altas.
Sin embargo, también es resultado de la aparición de asentamientos irregulares en la periferia y al despoblamiento de la zona central en la ciudad de México que se contrarrestó, mediante una “recuperación” de los espacios valorizados por su patrimonio histórico para fomentar el turismo cultural, acompañada de obras viales que aumentaran la movilidad de los productores y consumidores de dichos servicios desde las políticas urbanas locales, a partir de la década de los 90 del siglo XX (Schteingart e Ibarra, 2016: 40).
Pero la política urbana de mercantilización del Centro Histórico impulsó también una fragmentación de su territorio debido a que las obras de rescate urbano no produjeron una homogenización de infraestructura y servicios en las zonas populares de comercio como Tepito y La Lagunilla. En este caso resultó evidente la separación del modo de vida de sus periferias contiguas con las del área central, que se concreta a través de un modo de vida segregado y no de una identificación con la “prosperidad” de las zonas usadas para la realización de los negocios privados y las actividades turísticas culturales.
Por tal motivo, según Nivón (2016: 55), las intervenciones de la administración pública en las periferias conurbadas y contiguas a las zonas centrales de alto valor patrimonial, han sido sólo para subordinar su dinámica sobre la establecida por la aglomeración de las segundas[15].
En la problemática descrita, los espacios públicos han sido reducidos a un mero lugar de tránsito y de paso donde lo que más importa es la distancia; es decir, el problema es el desplazamiento, unir a los dos lugares, lo que hace prioritaria la eficiencia de la movilidad, a través del auto particular o por medio de algún transporte público, cuya capacidad de traslado se mide por el tiempo. Este hecho niega el “derecho a la ciudad” que, de acuerdo con Lefebvre (2013), permitiría la simultaneidad, encuentros, conocimiento, reconocimiento y convergencia en la comunicación e información; lo que solamente se lograría en el espacio público, donde se expresaría la pluralidad y la contingencia. En otras palabras, la libertad limitada, en este caso, por las intervenciones derivadas de las políticas urbanas (García, 2017: 45).
La transformación de los espacios públicos en un área de tránsito, para apoyar a las actividades comerciales, se puede ejemplificar mediante el programa de renovación de diversas calles de la llamada Zona Rosa; cuyos trabajos comenzaron en el mes de diciembre del 2016 con participación de la inversión privada que, el propio Ricardo Monreal Ávila, delegado de la delegación Cuauhtémoc, llamó empresarios con “responsabilidad social” (Villavicencio, 2017: C3)[16].
Al mismo tiempo, las vialidades de los espacios públicos, organizados a través de la lógica mercantil, se encuentran vigiladas mediante dispositivos de cámaras operadas por una empresa privada que apoya labores policiacas de prevención contra actos de robo y para emitir multas a los automovilistas que infringen el reglamento de tránsito[17].
Por tal motivo, las llamadas vialidades primarias, que comunican los diversos subcentros comerciales y de servicios, han recibido mantenimiento para cumplir con el objetivo de una mayor movilidad “sustentable” tanto de automovilistas como de peatones; según la Dirección General de Servicios Urbanos de la ciudad de México (Domínguez, 2016a: 14).
Existe evidencia para afirmar la existencia de una modernización urbana selectiva mediante la recuperación del patrimonio histórico como una parte o fragmento y, según Delgadillo (2016: 11), sería más definida por su rentabilidad para los inversionistas y los consumidores de medianos y altos ingresos.
A su vez, la transformación de la infraestructura vial para la circulación peatonal o vehicular también respondió a la necesidad de crear escenarios para ser consumidos de manera fugaz; teniendo como base el patrimonio histórico y evocando la memoria de una historia oficial (Rodíguez, 2015: 45-62).
En este sentido, la inversión privada dentro de la conservación del patrimonio histórico, ha posibilitado la aparición de una sobreganancia del capital invertido que, de acuerdo con González (2016: 34), ha configurado una renta monopólica basada en la cultura material e intangible[18].
El uso político de la plaza del Zócalo por parte de grupos sociales que protestan contra el gobierno Federal o local tiene una larga historia, pero ahora existe una prohibición en nombre del jefe de Gobierno de la ciudad de México para una organización de profesores que no está de acuerdo con la Reforma Educativa del gobierno Federal. En este caso, la secretaria de Gobierno de la ciudad de México; Patricia Mercado, dijo que el día 28 de julio de 2016: los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tenían sólo “permiso” para llegar a la plaza del Zócalo y proseguir su camino de protesta hacia la Secretaría de Educación Pública, prohibiendo la instalación de templetes para organizar un posible mitin ahí, porque podría generar una acción colectiva de “vandalismo” que dañaría con pintas los edificios públicos históricos, además de que, probablemente, “alteraría” las actividades comerciales de la Aldea Digital, en ese momento instalada en la plaza del Zócalo (Belmont, 2016: 6).
Por su parte, la autoridad del espacio público (Dhyana Quintanar) ha creado “oasis” peatonales; es decir, pequeños espacios dotado de sillas y sombrillas para sentarse a conversar o a ver el paso de los automóviles en la avenida 20 de Noviembre que también forma parte del Centro Histórico.
La creación de “oasis”, o fragmentos de espacios públicos, ha originado un uso particular de los mismos por parte de algunos trabajadores de oficinas y negocios del Centro Histórico: “Está agradable y me sirve para salir de la oficina y venir a comer, porque antes comíamos en una cocineta de la empresa y estaba muy encerrado ―opinó un oficinista. ―Venimos en grupo, comemos y nos echamos un cigarrillo” (López, 2015:1). Esto sólo muestra que los espacios públicos creados por la autoridad han sido diseñados para satisfacer necesidades limitadas de convivencia ante la ausencia de espacios públicos que faciliten la movilidad y permitan una mayor interacción social.
Mientras, el uso habitacional de algunos inmuebles del Centro Histórico ha quedado más limitado debido al establecimiento de operativos de desalojo que toman como pretexto que sus ocupantes no pueden acreditar la propiedad; además, de que existen demandas de supuestos propietarios en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México[19].
Ahora bien, existe un uso político de la movilidad por parte de los partidos políticos de para circular por calles y avenidas libremente, sin obstáculos ni restricciones, lo que es una característica de los espacios públicos. Por tal motivo, La Ley de Movilidad expedida por la Asamblea Legislativa de la ciudad de México en sus artículos 213 y 214, afecta los derechos de reunión y protesta en ciertos espacios públicos donde se localizan las secretarías clave del gobierno Federal y local, lo que afecta la circulación del transporte público y de autos particulares, generando congestionamientos viales[20].
La comercialización convertida en política del gobierno de la ciudad de México (encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa) incluye el uso de la marca: ciudad de México (CDMX) que sólo podrá ser utilizada por la persona que sea autorizada por el Fondo Mixto de Promoción Turística, pero sin perjudicar a la ciudad, personas o instituciones de gobierno[21].
Por su parte, el nuevo titular de la Autoridad del espacio público; Roberto Remes, anunció que en 2017 se iniciarían trabajos de rehabilitación de la plaza del Zócalo. El jefe de gobierno había dicho antes (9 de noviembre de 2015) que la plancha del Zócalo estaba dañada por “(…) desgaste natural, por el uso, pero que requiere volver (…) a brillar en todo su esplendor” (Robles, Aldaz y Villavicencio, 2016: C2).
Sin embargo, esa aseveración encubre el hecho de que su uso intenso ha sido más para causas comerciales que para su uso peatonal, sobre todo, que el gobierno de la ciudad de México es el que expide los permisos para el uso comercial de la plaza del Zócalo. Pero el proyecto de rehabilitación de la plaza del Zócalo ha sido utilizado por el jefe de Gobierno de la ciudad de México para negar un permiso de manera permanente para la realización de un evento cultural de un grupo de danzantes el año próximo; sobra decir que no están promovidos por ninguna empresa privada.
El 28 de mayo de 2016, los diputados de la Asamblea Legislativa de la ciudad de México pidieron de manera unánime a la secretaría de Gobierno que se les diera un trato igualitario a los danzantes en el acceso a la plancha del Zócalo porque no eran vendedores ambulantes, el 4 de julio de 2016, la Dirección General de Gobierno dijo, mediante un oficio, que no se podía ocupar por los trabajos próximos de rehabilitación que iniciarían en el mes de enero de 2017.
Sin embargo, el uso discrecional de los espacios públicos también se presenta en la mayoría de las 16 delegaciones que componen a la ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a 8 delegaciones (Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco) debido a las consecuencias negativas que se derivan del uso de los espacios públicos por parte de los comerciantes informales, acusando también a las diferentes esas actividades comerciales que “(…) impiden el acceso de los vecinos y servicios de emergencia a domicilios, centros sociales, parques, iglesias, deportivos y escuelas (…) Además provocan situaciones de riesgo e inseguridad pública, deterioro de la infraestructura (…) con conocimiento e inacción por parte de las delegaciones” (Quintero, 2016b: 32).
La apropiación de los espacios públicos por parte de organizaciones sociales que demandan vivienda ha encontrado su legitimidad en una necesidad desatendida por las instituciones de vivienda del gobierno local. Por ello, en una delegación central (Venustiano Carranza), cerca de 90 familias organizadas por la Asamblea de Barrios Vanguardia Ciudadana, invadieron el Parque del Niño Quemado[22].
Por otro lado, la disputa partidista del espacio público en la ciudad de México ha provocado que la nueva Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda no se haya aprobado en la Asamblea Legislativa. Sobre todo, porque existen discrepancias en torno al artículo 41, donde se asientan los casos en que se puede
cambiar el uso del suelo en las diferentes delegaciones[23].
Los proyectos de renovación urbana, como el de la zona de la Merced, también implica la creación de sitios de consumo cultural. En esta tendencia se encuentra el proyecto de recuperación de la casa más antigua de la ciudad de México que data del siglo XVI; ubicada en la calle Manzanares. El inmueble está en camino de transformarse en un museo y centro de artes para niños que viven en el entorno cercano, caracterizado por la vulnerabilidad social[24].
Por su parte, el principal rasgo que se ha recuperado del ideal de los espacios públicos ha sido el de la movilidad que, en una ciudad donde se prioriza su recuperación mediante proyectos de refuncionalización asimilados a la comercialización, ha provocado que las calles peatonales del Centro Histórico organicen el consumo de los peatones, que constantemente sufren el “acoso” de algunos de los empleados de los negocios establecidos que ofertan sus servicios a través del reparto de volantes a lo largo de la calle Francisco I Madero. En esa misma calle y de manera simultanea se puede observar la aglomeración de peatones que, desde el punto de vista de los comerciantes establecidos, resulta benéfica debido a su potencial transformación en consumidores de sus bienes y servicios ofertados (ver figura 1, tomada por los autores).
Por otro lado, el diseño de las calles peatonales hace convivir la movilidad del peatón con la de los autos particulares y con la de las bicicletas en una calle cuyo paisaje principal son los negocios; tal como lo muestra la foto de la calle de Venustiano Carranza que conecta directamente con la plaza de la Constitución o el Zócalo. En este caso, el consumo cultural del patrimonio histórico como espacio público encuentra sentido en lo mercantil, es decir, una convivencia social cuyo sentido se encuentra en una calle peatonal pero organizada a través de los negocios privados (ver Figura 2, tomada por los autores).
Finalmente, la periferia urbana de la ciudad de México, convertida en parte de una extensa zona metropolitana, ha provocado que en el gobierno de las diferentes delegaciones administradas por el mismo partido al que pertenece el jefe del gobierno de la ciudad capital (PRD), exista un programa de “recuperación” de espacios públicos; que en realidad son camellones cercanos a las avenidas principales en los que se ha privilegiado el ocio y la diversión al instalar juegos infantiles y aparatos de ejercicio; lo que en realidad muestra una ausencia o déficit de espacios públicos en las llamadas colonias populares, y que ahora, las autoridades delegacionales, buscan solucionar a través de sus acciones de “rescate” urbano. Este hecho, en las colonias populares de la periferia de la ciudad de México, tiene la siguiente lógica: los espacios públicos son sólo para realizar actividades de ejercicio o para que las madres lleven a sus hijos a divertirse en los juegos infantiles instalados. Esto se puede visualizar en la foto de abajo, en la que se muestra una parte de la avenida principal (avenida Chalmita en la colonia Zona Escolar en la delegación Gustavo A. Madero) que fue convertida en un espacio de juego infantil y de ejercicio (Ver figura 3).
Reflexiones finales
Los espacios públicos, como lugares que favorecen la solidaridad a través de la interacción social y el encuentro, han sufrido limitaciones porque las autoridades han priorizado su goce individualizado y mercantilizado, intentando al mismo tiempo mejorar la movilidad en calles y avenidas donde se localizan los negocios privados que, por décadas, han demandado un mejor acceso; justificado por la existencia de un patrimonio histórico[25].
En este sentido, según Mario Leyva[26] (Hernández, 2017b: C5), la “peatonalización” de algunas calles del Centro Histórico, entendida como una ampliación de sus dimensiones, ha sido una oportunidad para que los vendedores ambulantes intenten convertirlas en espacios de venta de sus mercancías, lo que la autoridad no ha permitido del todo.
Pero la identificación entre el aumento de transeúntes, así como de las ventas de los comercios establecidos en las calles peatonales como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, ha sido interpretado como un acierto por parte de la autoridad debido a que los peatones se transforman en consumidores; “…locales comerciales, principalmente bares y cantinas, son imanes para la gente, así lo (…refirió) Mario Leyva, titular del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México” (Hernández, 2017b).
Por ello, el proyecto de ampliar calles del Centro Histórico de la ciudad de México para convertirlas en peatonales busca la creación de un espacio vasto de convivencia social, sin embargo, responde más a la decisión de desincentivar el uso del automóvil; pero también para que la convivencia familiar o entre amigos sea el vehículo para acrecentar el comercio, lo que resulta más atractivo en una zona histórica turística.
Por tal motivo, los llamados “rescates” urbanos que la autoridad ha realizado en los espacios públicos de la zona centro de la ciudad de México, buscan una mayor funcionalidad, pero vinculada al consumo mercantil y, en menor medida, a la integración social. A su vez, el patrimonio histórico existente ha resultado favorable al consumo cultural transformado en otra vía para la realización del consumo individualizado, que finalmente beneficia a los negocios privados.
Sin embargo, el problema de movilidad en el Centro Histórico fue usado para la introducción de servicios de transporte público en carriles confinados; como el que presta el llamado Metrobus para ir restringiendo la presencia del servicio público-privado de los microbuses; sobre todo en las calles cercanas a la plaza del Zócalo.
Para garantizar la seguridad de los consumidores existe una red de video cámaras y de grupos de policías en las calles peatonales, así como en otras calles del primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad de México, que también son utilizadas por los ciclistas. Pero lo que llama más la atención del gobierno de Miguel Ángel Mancera es la continuación del uso de la plancha del Zócalo para la celebración de una diversidad de eventos culturales y comerciales que inició en las pasadas gestiones del PRD con una participación importante de las empresas privadas; mostrando que la cultura también puede ser usada para recuperar espacios y convertirlos en escenarios de consumo mercantil e individualizado.
En fin, no se trató de elaborar una evaluación de proyectos urbanos, de cambio del entorno o de recuperación de espacios públicos; sino una interpretación de algunas tendencias que muestran que lo legal y lo convencional en la ciudad de México organiza sus espacios públicos y no cumple con el objetivo de la integración social a través de la solidaridad.
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NOTAS
[1] David Harvey (2007a: 97-130) elaboró un sumario de las características del neoliberalismo promovido por diferentes Estados Nación, sin embargo, para el caso que nos ocupa, destacaremos lo siguiente: privatización de la propiedad estatal, competencia entre los diferentes territorios (regiones o ciudades) para la creación de un mejor “clima” para los negocios privados, reproduciendo un desarrollo geográfico desigual, y la alianza entre la administración de la ciudad y los inversionistas. A esto se le denominó gobernanza.
[2] Un proceso que se visualizó de la siguiente manera: la expulsión de población pobre por parte de una población de altos ingresos que arribó a los barrios antiguos. Esto se logró mediante programas de renovación urbana que encarecieron los servicios y activaron una nueva demanda de mercancías especializadas para sus nuevos residentes. Pero en los años 80 y 90 del siglo pasado, la gentrificación no sólo se refería al asentamiento de población de altos ingresos en los barrios antiguos; sino, a su consumo de bienes y servicios no producidos de manera masiva, cuya venta era al por menor (Díaz, 2006: 53).
[3] En el caso de la ciudad de México, como una urbe metropolitana, los trayectos de sus habitantes no son cortos, sino lo contrario, por tal motivo, el transporte público masivo ha resultado insuficiente y de calidad diferenciada.
[4] En este caso, la inversión pública y privada se añade al patrimonio histórico, lo que le confiere un potencial económico importante como un entorno material de suma utilidad para la realización de los negocios comerciales y de servicios (Harvey, 2014: 149).
[5] A esto se le llama ciudad insular (Véase, Duhau y Giglia, 2008).
[6] Para mostrar lo anterior está el caso reciente que involucra a la líder de comerciantes ambulantes de la ciudad de México; Diana Sánchez Rico. En la Asociación Civil ProDiana; durante la administración del delegado Alejandro Fernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tenía a dos ex funcionarios de la delegación Cuauhtémoc trabajando en la agrupación: Fernando Mancera Ortega y Erwin Arreola Doroteo. El primero fue director de Mercados y Vía Pública, y el segundo subdirector de Vía Pública de la delegación, sin embargo, hay una denuncia contra ambos en la Fiscalía de Servidores Públicos “(…) por los cargos de abuso, cohecho y colusión con el expediente FSP/B/2491/508” (Navarrete, 2017: 1).
[7] Esta situación no es una característica particular de la ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo en desarrollo con una acelerada urbanización capitalista; como sucede en la ciudad de Pekín, donde se han edificado diversos barrios en su periferia sin planeación ni servicios públicos, que han dado alojamiento a millones que han emigrado de sus aldeas rurales a la capital China atraídos por una demanda creciente de empleo industrial (Vidal, 2017: 15).
[8] Donald Davidson (2009: 193-194) destaca que las creencias no solamente son representaciones sociales, sino que tienen un contenido proposicional que forma parte de un todo coherente que favorece la interacción comunicativa y en eso subyace su verdad.
[9] Un ejemplo de cómo el orden legal se articula con el orden convencional es lo siguiente: El artículo 15 del proyecto de Constitución para la ciudad de México pretende regular o formalizar el comercio en la vía pública, garantizando su desarrollo en los espacios públicos de la zona central. Y el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijó: “(…no se) apoya a la ilegalidad, sin embargo, (…), actualmente el comercio en la vía pública es una realidad y reconocerlo es una vía para su formalización” (Navarro, 2016: 1).
[10] La zona gris, según Javier Auyero (2007: 54-70) no tiene límites bien definidos, por eso se destaca por su ambigüedad y también por las relaciones clandestinas que establecen los que dominan ese fragmento territorial con la autoridad para permitir el funcionamiento de su sistema de expoliación y el uso de la violencia contra los que se oponen al mismo. Para Stavros Stavrides (2016: 16) los umbrales son espacios intermedios donde la experiencia colectiva comienza a diferir de la establecida por los que administran o gestionan el espacio a favor de sus propios intereses.
[11]Por eso, las organizaciones de vendedores ambulantes del Centro Histórico de la ciudad de México se han transformado en actores políticos importantes en el momento de las elecciones locales para los diferentes partidos políticos que quieren gobernar la delegación Cuauhtémoc y hasta la ciudad de México.
[12] Aunque la informalidad del comercio ambulante se ha querido legalizar mediante la construcción de plazas comerciales en algunos sitios del perímetro central de la ciudad de México para que el pago de cuotas a las autoridades este más controlado, en realidad prosigue la venta callejera que es sancionada por la policía. Nuevamente, dicha sanción entra también en el circuito de la negociación.
[13] La competitividad de las ciudades mexicanas se ha basado más en el consumo de sus habitantes, lo que ha impulsado la construcción de más plazas comerciales que son lugares “(…) de entretenimiento, para comer, para ir de compras, para ir al cine, para hacer ejercicio. Por eso la consultora internacional A.T. Kearney consideró al mercado nacional como altamente competitivo tras rebasar los 180 m2 por cada mil habitantes de Área Bruta Rentable (ABR)…(basado) en el crecimiento del empleo formal, el crédito y las remesas” (Hernández, 2016: 28).
[14] En la búsqueda del lucro a través de las políticas públicas en la ciudad de México se intentó introducir al párrafo 7 del inciso C del artículo 21 del entonces proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establecía que la venta privada de propiedades se gravaría de acuerdo con el costo de las obras públicas que el gobierno local había realizado en el entorno. Esto provocó protestas y generó su supresión por parte de Miguel Ángel Mancera; actual jefe de gobierno de la ciudad capital (De la Rosa y Jiménez, 2016: 16).
[15] Este esquema ha sido reproducido en la renovación urbana de una zona de alta plusvalía y valor comercial como es la Zona Rosa (Hernández, 2016: C3).
[16] La secretaria de Gobierno de la ciudad de México, Patricia Mercado, declaró que los comerciantes ambulantes de la Zona Rosa serán desalojados como consecuencia del programa de rescate público; con la opción de que algunos puedan adquirir un inmueble, espacio “vacío” o “abandonado” entre las glorietas de la avenida Insurgentes y Chilpancingo; ofrecidos por La Autoridad del Espacio Público de la ciudad de México, (Hernández, 2017a: C3).
[17] El Secretario de Finanzas del Gobierno de la ciudad de México, Édgar Amador, dijo en entrevista que la empresa privada (Autotraffic), que maneja las cámaras para emitir las llamadas “fotomultas” para los automovilistas infractores sólo invirtió, y que los ingresos que obtiene el gobierno local de dichas “fotomultas” será destinado para la compra de más patrullas (Ruiz, 2016: C1).
[18] Dicha renta de monopolio es resultado de un entorno construido por la inversión pública como la infraestructura vial y los servicios públicos, sin embargo, tiene un agregado: la identidad cultural convertida en un valor de cambio, lo que se pretendía recuperar mediante un impuesto que cobraría el gobierno de la ciudad de México y que supuestamente destinaría a invertir en infraestructura y equipamiento urbano en áreas urbanas pobres, lo que no fue aceptado por las inmobiliarias, desapareciendo de la propuesta de Ley de Vivienda y del anteproyecto de la Constitución de la ciudad de México (Franco, 2017: 22-23).
[19] El modus operandi de los desalojos realizados en las calles de Argentina 96, Emiliano Zapata 68 y Jesús María 36 fue, según Francisco Alvarado, representante de los afectados, el siguiente: “primero ingresa un grupo de asalto, con uniformes negros y armados (…). Una vez que toman control del inmueble con golpes y amenazas dan acceso a los granaderos y después vienen los cargadores que sacan las cosas, pero aprovechan para robarse las de mayor valor” (González, 2016: 29).
[20] La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó los artículos de la Ley de Movilidad de la ciudad de México que obliga a los que realizan una manifestación de protesta a que avisen con 24 horas de anticipación a la autoridad de la ciudad de México para obtener un permiso. Y la protesta estaría permitida solamente en determinados espacios públicos. Esto afecta los derechos constitucionales de reunión y de ejercicio de la libertad de expresión (Quintero, 2016a: 30).
[21] El gobierno de la ciudad de México registró la marca CDMX en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) obteniendo una concesión de 10 años para su explotación comercial (Aldaz, 2016: C3).
[22]Dicha organización vecinal está dirigida por el ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Rodolfo Pichardo, que gestiona créditos para la construcción de vivienda ante el jefe de Gobierno de la ciudad de México para los invasores que se canalizarían a través del Instituto Nacional de Vivienda (Adam, 2016: 1).
[23]La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), que autoriza los cambios en el uso del suelo, propone que en la nueva ley se establezca que el Comité Técnico de Modificaciones de la propia secretaría sea la encargada de pedir los dictámenes de factibilidad requeridos para los que pidan una modificación en el uso del suelo, mientras, los asambleístas demandan que sea la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y que el Comité Técnico sesione 8 veces al año de manera ordinaria y sin límite de reuniones extraordinarias (Morales, 2016: 5).
[24] El titular del fideicomiso del Centro Histórico, Mariano Leyva, dijo: “Vamos por uno de los proyectos más fuertes, que es La Merced. Ya arreglamos el tercer callejón de Manzanares, ahora vamos por el segundo y la casa del siglo XVI, la más vieja de la capital (…el por qué del apoyo a los niños, agregó). Es una zona que, poca gente sabe, pero está llena de niños (…)” (Domínguez, 2016b: 29).
[25] Una interesante reflexión acerca de la relación entre la calle peatonal como acceso a un conjunto de negocios para disfrutar mediante el consumo mercantil se puede ilustrar con lo que ha sucedido con una de las calles más transitadas de Madrid: La Gran Vía (Véase, Lindo, 2017: 26).
[26]Es el actual director del Fideicomiso del Centro Histórico de la ciudad de México.
